domingo 02 de octubre de 2022 - Edición Nº1397

Noticias | 16 dic 2021

Tensión institucional

La Corte Suprema de Justicia volteó la nueva integración del Consejo de la Magistratura y el Gobierno redobla sus críticas


La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley (26080) que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. La modificación había sido promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner para acrecentar la representación de los puestos políticos en el cuerpo que tiene un rol trascendental en la selección y sanción de los jueces de la Nación.

El fallo del máximo tribunal fue unánime: los cuatro ministros votaron en el mismo sentido. Ricardo Lorenzetti presentó una disidencia parcial en cuanto al rol que tendrá ahora el Congreso.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, admitió hoy que “una reforma del sistema judicial, que incluye la reforma de la Corte” es uno de los temas que el Gobierno tiene en debate”. Así lo aseguró durante la conferencia de prensa que brinda de manera semanal, minutos antes al fallo del máximo órgano de justicia.

La sentencia de la Corte Suprema surgió en un momento sensible en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La semana pasada, el ministro de Justicia, Martín Soria, había criticado a los ministros del tribunal en una reunión realizada en el Palacio de Tribunales. Anoche, Alberto Fernández volvió a plantear la necesidad de reformar la Corte Suprema. Y esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti confirmó que están estudiando modificaciones.

El Consejo de Magistratura es un organismo trascendental: administra el presupuesto del Poder Judicial , organiza los concursos de los nuevos jueces y analiza el desempeño de los magistrados, con la facultad de sancionarlos e incluso separarlos de sus cargos. A partir de la reforma de 2006 que hoy fue anulada por la Corte, está compuesto por 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores de la mayoría, 2 legisladores de la minoría, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo.

Los especialistas aseguran que esa conformación trabó nombramientos y provocó vacantes en casi el 30% de los puestos disponibles que hay en juzgados de todo el país. Así, dejó la administración de Justicia en en manos de jueces subrogantes y suplentes, que no tienen estabilidad.

El Presidente, ayer, y en el marco del encuentro de cierre de año del Consejo Económico y Social (CES), dio su visión sobre el funcionamiento de la Justicia, más allá de la situación puntual del máximo órgano judicial del país. “En cuanto a la justicia penal, la Constitución tiene una de sus cláusulas de 1853 aún incumplidas a nivel federal: el juicio por jurados populares, elegidos entre toda la población, como el modo más transparente y legítimo de ejercer justicia en los casos más graves de delitos que afecten a la paz social”, destacó. INFOBAE

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